GUERRA COLOMBO-PERUANA

a génesis del conflicto colombo-peruano se puede remontar a la época colonial, cuando fue creado el Virreinato de Nueva Granada, como entidad político-administrativa separada del Virreinato del Perú, que hasta entonces era el único Virreinato del Imperio español en Sudamérica. La definitiva creación del Virreinato de Nueva Granada se dio en 1739 y en su jurisdicción se hallaba el territorio de Maynas, en la selva amazónica, el cual se convertiría con el tiempo en el centro de la discordia entre el Perú y Colombia. La Real Cédula de 1802 ordenó que Maynas retornase a la jurisdicción del Virreinato del Perú; sin embargo, hasta ahora se discute la naturaleza de dicha disposición (si ordenaba una segregación político-territorial o solo se limitaba a la administración eclesiástica) y si llegó efectivamente a ser aplicado. Todo ello era de fundamental importancia determinar, pues se impuso el consenso de que las líneas fronterizas de las nacientes repúblicas hispanoamericanas debían seguir el principio del Uti possidetis de 1810, es decir, el estado en que se encontraban las jurisdicciones territoriales en dicho año, que fue cuando principió la revolución independentista.

Transcurrían los días y los meses en medio de la mayor monotonía, sin que ningún suceso alterara el curso lógico de la política colombiana, hasta cuando en forma sorpresiva llegó un cable en clave cuyo texto decía: “El 1 de septiembre un grupo de civiles peruanos al mando del ingeniero Oscar Ordónez y el alférez Juan de la Rosa, asaltó la población colombiana de Leticia…” Así rezaba el comunicado en que el gobierno colombiano daba cuenta del episodio que dió origen a una guerra internacional no declarada en el trapecio amazónico, la porción de territorio colombiano gracias a la cual nuestro país tiene acceso al río Amazonas, la mayor arteria fluvial de Suramérica y del mundo entero.
Pocos eran nuestros compatriotas que habían oído hablar de Leticia hasta entonces, y el cable del Ministerio, que cayó como una bomba en la Legación de Londres, no agregaba ningún pormenor. La opinión que había quedado circulando entre el público era la de que se trataba de un caso de policía en el que un grupo de particulares adversos al Tratado Lozano-Salomón, que se había aprobado hacía apenas diez años, estaba actuando en forma espontánea para dar un golpe de mano sin mayores consecuencias. Un “caso de policía”, como desde sus inicios comenzó a calificarse el incidente. Sin embargo, a la vuelta de pocas semanas, las autoridades peruanas, inspiradas por el presidente de facto, el general Sánchez Cerro, le brindaron todo su apoyo a los invasores, secundando el sofisma de que el convenio de 1922, por haber sido negociado y ratificado durante la dictadura de Leguía, carecía de validez y podía ser desconocido por el nuevo régimen, en aras de la reivindicación de supuestos derechos del ocupante al norte del Amazonas.

En efecto, el último enfrentamiento entre tropas peruanas y colombianas había tenido ocurrencia en el punto llamado La Pedrera, situado sobre la orilla izquierda del río Caquetá, afluente del Amazonas, a mediados de 1911. La suerte no había favorecido a nuestra armas, dada la superioridad numérica de los peruanos que, al mando del teniente coronel Oscar Benavides, obligaron a los nuestros, comandados por el general Isaías Gamboa, a emprender la retirada. Con este antecedente, que no pasó a mayores, se abrió carrera entre los peruanos de todos los niveles, la creencia de que de hecho se había creado un título para desalojar a Colombia del Amazonas y extender la frontera peruana a territorios que, por tradición y en virtud de los títulos españoles, siempre nos habían pertenecido. Mediaba la peculiar circunstancia de que el Brasil jamás había querido acogerse al principio del Uti possidetis juris de 1810 (mantener las divisiones administrativas españolas tal como estaban en ese año), sino que invocaba el principio del Uti possidetis facti (como estaba la ocupación de hecho en el momento de la delimitación), que le resultaba más favorable, gracias a su mayor capacidad de expansión frente a países como Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, etc., que mal podían emular con su gigantesco vecino. La mentalidad que hacía de la ocupación un título al territorio se había generalizado de tal modo en la región amazónica, que el Perú, que por años había sido una potencia militar frente a Colombia, no desdeñaba echar su cuarto a espadas trayendo a cuenta sus presuntos derechos de ocupante.
La explotación del caucho había sido uno de los grandes rubros de exportación a principios del siglo y una firma peruana, la Casa Arana, había establecido sus reales desde Iquitos hasta bien entrados los afluentes del Amazonas en el actual territorio colombiano.
A medida que avanzaba la polémica entre los dos gobiernos acerca de la naturaleza del episodio ocurrido en la madrugada del 1 de septiembre de 1932, con la captura de Leticia, se hicieron patentes las dos posiciones encontradas. Para el Gobierno de Colombia se trataba de un caso de policía, de un problema estrictamente doméstico, como era la toma por unos particulares de una población colombiana, mientras que, para el Perú, el golpe de mano, que había sido, en sus inicios, según sus propias palabras, una perturbación provocada por los comunistas, poco a poco se fue convirtiendo en una cuestión internacional, que el propio dictador calificaba como la expresión de “incontenibles aspiraciones” de la nacionalidad, herida por el Tratado. Era la revisión del instrumento de 1922, con lo cual Sánchez Cerro se proponía recuperar para el Perú el exclusivo dominio sobre el Amazonas en el sector comprendido entre el Ecuador y el Brasil.
Recuerdo que en nuestras conversaciones privadas, durante las largas noches de espera, traduciendo los cables en clave provenientes de Bogotá, yo hacía la observación de que la mayor parte de las guerras se iniciaban con un problema doméstico, empezando por la guerra de Troya, y terminaban en un conflicto internacional.
Muchos años después llegó a mi conocimiento el verdadero origen del desafortunado episodio que tantos dolores de cabeza le produjo al gobierno de Olaya, pero que, en último término, le sirvió a Colombia para interesarse en nuestra frontera sur y construir de emergencia los caminos que hoy nos permiten llegar por tierra hasta algunos de los grandes ríos afluentes del Amazonas.

El símil de la guerra de Troya es más fiel de lo que yo imaginaba, mientras le dictaba, letra por letra, a Bernardo Samper, las palabras que iban surgiendo de la clave rudimentaria con que nuestra Cancillería daba órdenes para negociar armamentos. Una mestiza de nombre Pilar, conocida como “La Pila”, era la amante del alférez peruano Juan de la Rosa, encargado de la guarnición de Caballo de Cocha, en las vecindades de Leticia, y, como en el caso de la guerra de Troya, también requería sus favores otro pretendiente, que era nada menos que el intendente colombiano del Amazonas don Alfredo Villamil Fajardo, uno de aquellos cachacos bogotanos de la época del Centenario. Dicharachero y galante, a pesar de sus atributos Villamil fue, en la competencia con el rudo soldado, quien perdió la partida, porque “La Pila” prefirió la compañía de De la Rosa y se estableció en forma definitiva en Caballo de Cocha. ¿Cómo iba a resignarse a tan afrentosa derrota nuestro compatriota? Sin parar mientes en que hacía apenas cuatro años que se nos había entregando el Trapecio Amazónico, y que era grande el descontento entre los peruanos, optó por raptarse a la bella, acompañado de tres o cuatro agentes de policía que la obligaron a volver a Leticia.

Eran muchos los incidentes que, por una u otra razón, tenían ocurrencia en la frontera que aún estaba en trance de consolidarse. Una gran hacienda, La Victoria, de propiedad de Oscar Vigil y de su sobrino el ingeniero Oscar Ordóñez, quien la administraba, se estaba negociando con el gobierno de Colombia, que se negaba a pagar el elevado precio que los peruanos demandaban. Si a lo anterior se agrega que el mismo ingeniero tenía algunos contratos de ejecución de obras en Leticia, cuando todavía estaba bajo el dominio peruano, y que el gobierno de Colombia con inexcusable ligereza intentó desconocerlos, se explica el encadenamiento de los hechos que culminaron en la toma de nuestro puerto sobre el Amazonas. Indignado el ingeniero Ordóñez con el tratamiento de que era objeto resolvió, por sí y ante sí, dar un golpe sobre Leticia, y para tal efecto armó a sus peones con machetes y escopetas de fisto, dispuesto a recurrir a la fuerza si llegaba a encontrar resistencia de parte de los pocos agentes de policía que estaban al mando de Villamil Fajardo. Desfilaba Ordóñez con sus agentes por Caballo de Cocha, al caer de la tarde, cuando tropezó de manos a boca con el alférez Juan de la Rosa, la primera autoridad política y militar del lugar, quien, al inquirir sobre los propósitos que animaban a la temeraria avanzadilla, se enteró de lo que se trataba y, ni corto ni perezoso, se sumó con sus efectivos militares a la expedición improvisada de Oscar Ordóñez. Fue así como, al amanecer del día siguiente, los peruanos se tomaron a Leticia por la conjunción de los intereses sentimentales del alférez y los intereses económicos del ingeniero. Días después, a través del Brasil, el Gobierno Nacional se enteró de que la población estaba en poder de los peruanos y que el intendente Villamil, después de haber sido encuerado, había sido embarcado en una canoa y puesto en territorio brasilero. Cualquier semejanza con la guerra de Troya y el rapto de Helena es

En Bogotá, la noticia de la invasión prendió la llama patriótica con inusitado fervor y, en el curso de pocos días, el país entero se movilizó en apoyo del gobierno para desalojar por la fuerza un puñado de peruanos que habían hollado nuestro suelo. En el Senado de la República el jefe de la oposición, Laureano Gómez, que tan pronto como regresó a Colombia se había convertido en el más virulento crítico de Olaya, aprovechó para pronunciar su histórica frase: “¡Paz, paz en el interior, y guerra en las fronteras!” Vázquez Cobo, el candidato minoritario en el debate presidencial, ofreció sus servicios, como militar retirado, para encabezar “una expedición punitiva”, y Guillermo Valencia, el otro conservador perdidoso, puso en el altar de la Patria “los restos supérstites de su personalidad abolida”, añadiendo el clásico apotema de que “bella cosa es la paz, pero nada vale sin el honor.” Otros, con poco sentido del ridículo, como Augusto Ramírez Moreno, proclamaba a voz en cuello su optimismo bélico al reclamar para sí la alcaldía de Lima durante la inminente ocupación colombiana de la capital del Perú. Los periódicos de Bogotá patrocinaron la iniciativa de entregar al Banco de la República las argollas matrimoniales para la adquisición de armas en el extranjero y el propio doctor Eduardo Santos y su esposa, doña Lorencita, se pusieron a la cabeza de los donantes en medio del entusiasmo nacionalista que no conocía límites. Sólo una voz desentonaba en el concierto: la de Alfonso López, quien, desde las primeras horas vislumbró la desproporción entre el fervor patriótico de las muchedumbres capitalinas y los recursos disponibles para librar una batalla en la selva amazónica. Sin subestimar las corrientes de opinión que abogaban por el pronto restablecimiento de nuestra soberanía, le pidió al gobierno que lo relevara de su encargo en Londres y optó por regresar a Colombia a trabajar por una solución pacífica. Carecía Colombia de una fuerza naval que, todavía, a estas fechas, no existe en el Pacífico; la aviación militar estaba en sus comienzos, y las comunicaciones terrestres con el sur del país apenas llegaban, por caminos de herradura, hasta Florencia, población que en la época de la explotación de la quina había cobrado alguna importancia como centro de distribución. La empresa militar y económica de hacer llegar y mantener un ejército colombiano en la frontera revestía dimensiones titánicas. Han transcurrido cincuenta y cinco años desde el conflicto con el Perú, se ha desarrollado la aviación en forma que nadie podía soñar con las aeronaves de propulsión a chorro, los recursos económicos de la Nación se han centuplicado y, sin embargo, el acceso a nuestro puerto amazónico, para abastecer siquiera a sus habitantes, sigue siendo magno problema que interesa a nuestra propia soberanía política, económica y cultural. ¿Cómo sería la cuestión logística en 1932, para comprometerse en una guerra de veras? Se hizo necesario improvisar todo, menos el ardor patriótico, que suplía nuestras deficiencias en armas, en vías de comunicación, en experiencia bélica en aquellas regiones inhóspitas. Fue así como surgió la idea de la ‘expedición punitiva’ que, remontando el Amazonas desde Belén del Pará, aspiraba a llegar por agua a Leticia, sin contar con la posible neutralidad, casi hostil, del Brasil, y las mayores facilidades de que disponía el Perú en su nororiente, cuya capital, Iquitos, se ha contado siempre como un próspero centro de intercambio de productos en el departamento de Loreto, en contraste con nuestra Leticia, aislada del resto de Colombia, y dependiendo en gran manera del comercio con sus vecinos.
 

Dos modestas embarcaciones, artilladas de carrera, y tripuladas por marinos mercenarios, salieron de los puertos franceses en dirección a la desembocadura del Amazonas y llegaron sin tropiezos a su destino. Fue, quizás, la más hermosa página en la vida del general Alfredo Vázquez Cobo, protagonista de tantos episodios históricos desde su más temprana juventud. Ya viejo y desencantado de las inconsecuencias de su partido político, sin ambición distinta de la de servir a su patria, asumió todos los riesgos de una empresa para la cual ni Colombia ni el propio general Vázquez estaban preparados. De regreso de su expedición, que corrió con mejor suerte de lo que era dable esperar, lo ví en el veraneadero de La Esperanza, tan jovial como siempre, pero con diez o quince años más de los que representaba en París, al punto que la gente atribuía su decadencia física a que había dejado de pintarse el cabello, porque lucía unas canas que nadie la había visto antes, y varios kilos menos.

El presente escrito es extracto de un libro de Memorias que escribe el Ex presidente López Michelsen, quien en 1932 se encontraba en la Legación de Londres, desempeñada por su padre, Alfonso López Pumarejo.